Ley del Medicamento: de subastas y bonificaciones

La modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, incluye varios apartados cuya deriva es la eliminación y limitación de “experiencias y proyectos desarrollados aisladamente en una determinada CC.AA”, lo que es más: acaba con la Subasta Andaluza de medicamentos o el propio Cataloguiño gallego.

Analicemos a fondo:

Treinta y tres. Se añade un nuevo párrafo al artículo 88.1, con la siguiente redacción:

«Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.»

 

No se pueden desarrollar medidas que produzcan “diferencias” o “desigualdades” territoriales, por ejemplo: no puede haber un precio establecido por una CC.AA (ejemplo: Subasta Andalucía)  ni medidas donde el catálogo de medicamentos financiados sea diferente y tenga una determinada limitación que no haya sido establecida en todo el territorio nacional (ejemplo: Cataloguiño gallego).

 

Treinta y cuatro. Se añaden tres nuevos apartados al artículo 88, y el actual apartado 2 pasa a numerarse como apartado 5 con la siguiente redacción:

«2. Las disposiciones normativas del Gobierno o del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las resoluciones emitidas por el centro directivo competente de dicho Ministerio, en materia de financiación de medicamentos y productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, surtirán efecto en todo el territorio español desde la fecha en que resulten aplicables.

3. El precio industrial de financiación pública, establecido por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud, no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional.

 

Este punto contiene la “interpretación clave”, habla de precio industrial de financiación pública, este concepto condiciona todo el redactado posterior del apartado 3, se puede interpretar que la modificación del mismo o el concepto bonificación afecta al precio de financiación pública (otra limitación a la Subasta Andaluza) pero no a la relación entre particulares –industria farmacéutica/farmacia-. Y también sigue insistiéndose en el concepto de equidad en todo el territorio a través de un descuento porcentual o lineal.

 

Las previsiones contenidas en el párrafo anterior también serán de aplicación a los productos sanitarios, una vez se desarrolle reglamentariamente el sistema de financiación de precios y márgenes de dichos productos, incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

4. Toda modificación del precio de un medicamento o producto sanitario financiado por el Sistema Nacional de Salud surtirá efecto en la misma fecha en todo el territorio español.

 

El apartado 4 sigue insistiendo en la equidad en todo el territorio y la necesidad de que cualquier amago de acuerdo que una compañía se pueda plantear desarrollar  con una CC.AA, tendrá que llevarlo a la práctica en todo el territorio nacional.

5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá acordar las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos y productos sanitarios de las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el Sistema Nacional de Salud.»

 

Dar peso al Consejo interterritorial como elemento de debate, unificación de criterios y traslado de iniciativas que luego puedan derivar en una aplicación “siempre” a nivel nacional y uniformemente en desarrollo y tiempos de implantación.

Interpretación de la Ley

La interpretación de la Ley, de cualquier Ley, es extremadamente compleja, sobre todo cuando aparece el concepto de “el verdadero espíritu de la Ley es”, esta es la derivada de que quizás no se ha descrito lo que realmente se quería y las interpretaciones son fruto de la percepción subjetiva. En este caso, espero que la verdadera interpretación sea la que he descrito en el presente post y que la relación entre privados (industria/distribución/farmacia) no se vea afectada.

En mi post anterior interpretaba la norma, de forma totalmente intencionada, como si realmente hubiera “afectación” en la relación entre los diferentes agentes de la cadena y lo hacía para poner de manifiesto que independientemente de la traducción de la presente modificación de la Ley del Medicamento, sigue siendo “tremendamente injusto y sin ningún tipo de coherencia”, la modificación en los descuentos que refleja el RDL 9/2011, un aspecto que hay que revertir por su incoherencia y porque limita la eficiencia y la auto-gestión de las Farmacias, como decía…si lo hace un Hospital es mejora de la eficiencia, si lo hace una Farmacia es búsqueda de beneficio…mismo rasero?  Yo diría que no.

Farmacia, Reflexiones sobre la Farmacia y los Sistemas Sanitarios

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