Subasta andaluza de medicamentos: un experimento peligroso

1) Generación de inequidades dentro del territorio español

 La introducción de este sistema de licitación podría suponer una ruptura en la unidad del mercado farmacéutico español, al anular el derecho de los pacientes andaluces a acceder a los medicamentos y productos sanitarios en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano español.

 Es clave en este sentido ser conscientes de que la medida discrimina a los ciudadanos andaluces, que no podrán acceder a la financiación de marcas legalmente autorizadas si no han superado la subasta, al contrario que el resto de ciudadanos españoles.

 Por ello, esta iniciativa podría ser contraria a la cada vez más necesaria cohesión del sistema sanitario público estatal, y plantear una situación discriminatoria para los ciudadanos andaluces.

 2) Aumento de la brecha entre los agentes implicados: oficinas de farmacia rurales, Colegios, Distribución e Industria.

 Dicha medida recorta prestaciones, limita la libertad de prescripción del médico y perjudica a la innovación.

 3) Deja fuera del sistema a los pequeños laboratorios y limita la Industria Nacional

 El Decreto-Ley obliga a garantizar el suministro, por lo que limita la posibilidad a las grandes farmacéuticas y deja fuera a los pequeños laboratorios, por lo que el respeto de las reglas de competitividad queda como mínimo en duda, pudiendo ser susceptible de recurso ante los tribunales.

4) La viabilidad de proyectos I+D+i puede verse comprometida

 Es crítico para el mantenimiento de la innovación y el desarrollo de una I+D de referencia en nuestro país que las medidas dirigidas al ahorro de la factura farmacéutica y las reducciones de los precios de medicamentos no comprometan la viabilidad de proyectos de I+D+i, desarrollados principalmente por la industria farmacéutica.

 Hay que tener en cuenta que el Decreto-Ley señala que, “si el precio menor de referencia para un medicamento seleccionado cambiara durante el plazo de vigencia del convenio previsto en el artículo 60, el laboratorio farmacéutico deberá ajustar, si fuese necesario, el precio autorizado de dicho medicamento para mantenerlo igual o por debajo del nuevo precio menor, sin que ello pueda afectar a la cuantía de la mejora económica que venía realizando al Servicio Andaluz de Salud, ya que lo contrario sería causa de resolución del citado convenio.”

 Es importante entender que este tipo de medidas tienen un impacto directo sobre el volumen y tamaño de los proyectos que la industria puede asumir, al tener que ajustar sus precios constantemente a las decisiones del cliente-financiador.

 5) Riesgo de inconstitucionalidad

Tanto la fijación del precio de los medicamentos, como su procedimiento de financiación pública, son competencias exclusivas del Estado. Por tanto, según los textos consultados, la Junta de Andalucía no tendría capacidad normativa para implantar un sistema de licitación que discrimina a los ciudadanos andaluces, quienes no podrán acceder a la financiación de otras marcas legalmente autorizadas y registradas por el Ministerio de Sanidad.

6) Merma de la calidad de dispensación y prescripción

 El nuevo Decreto-Ley 3/2011 se encuentra en el límite en cuanto a  coartar el criterio de libertad de prescripción del médico y dispensación del farmacéutico según el RD 9/2011, además de que supone la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico español y limita el derecho de los ciudadanos andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con los del resto de España

 

 Se abre la puerta a múltiples cambios en el (único) producto al que tenga acceso el paciente andaluz, dado que en caso de desabastecimiento, por ejemplo, el medicamento seleccionado será sustituido por el siguiente seleccionado, suscribiéndose un nuevo convenio que podrá tener carácter temporal o definitivo. Además, la duración de los convenios no podrá superar los dos años, pudiéndose modificar el periodo de vigencia en cada convocatoria de selección.

 Podrán acontecer problemas de adherencia a los tratamientos pues “todos los pacientes andaluces que estén siendo medicados con otra marca o genérico, tendrán que abandonarlo para adecuarse al único fármaco aprobado por la Junta, siendo obligados a dejar aquella medicación con la que estaban familiarizados”.

 7) Mayor carga burocrática para la oficina de farmacia

 Dentro del Decreto-Ley se desarrolla un párrafo que señala: “Cuando se dispensen recetas médicas u órdenes de dispensación del Sistema Nacional de Salud, con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las oficinas de farmacia insertarán al final del recibo que han de emitir, además de los datos previstos en el artículo 15.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, la leyenda “La diferencia entre el importe del medicamento o producto sanitario dispensado y lo que usted ha pagado es financiado por el Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de los impuestos de los ciudadanos”, con caracteres tipográficos iguales a los empleados en el resto del recibo pero en negrita. En dicho recibo, cuyos epígrafes deben ser cumplimentados en su totalidad, no podrán consignarse medicamentos o productos sanitarios que no estén incluidos en la financiación del Sistema Sanitario Público de Andalucía.”

 

Queda por tanto obligada la oficina de farmacia andaluza a entregar la “factura sombra” o “factura informativa”, lo que supone una nueva carga administrativa, que aumenta la burocracia de la oficina de farmacia y que en ningún punto de la norma se indica que vaya a ser remunerada.

 8) Riesgo de desabastecimiento

 Con la aprobación de el nuevo sistema de licitación, las “subastas”, se pone en riesgo el adecuado abastecimiento del mercado, al dejar en manos de un solo fabricante el suministro de todo un principio activo, ya que aunque uno de los requisitos para la adjudicación a una compañía es que acredite “una capacidad de producción previa suficiente de medicamentos de forma farmacéutica igual al propuesto, así como declaración expresa de asumir el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento”, está claro el riesgo de que un mercado de ocho millones de pacientes quede en manos de un único laboratorio proveedor.

 9) Iniciativa que fomenta la inequidad.

 Importante evaluar las iniciativas en su globalidad. Lo que puede teóricamente ahorrar la Junta de Andalucía con esta medida, repercutirá en aquellas compañías –siendo las nacionales, las más afectadas- que no hayan “ganado” el concurso (todas menos 1) y lo que antes se repartía entre varias ahora estará focalizado en un solo laboratorio y dejará claramente perjudicados al resto.

Consecuencias: Deslocalización de la Industria Farmacéutica y  pone en riesgo muchos puestos de trabajo.

 

“La única clave para que esta iniciativa no avance es la responsabilidad de toda la Industria que tiene alta cuota de mercado y es capaz de abastecer el mismo, en NO IR a la subasta, lo cual dificultaría enormemente asegurar un suministro regular del medicamento”

 

 

 

Industria Farmacéutica, Medicamentos y seguridad, Pacientes, Reflexiones sobre la Farmacia y los Sistemas Sanitarios, Sostenibilidad del Sistema Sanitario

3 responses to Subasta andaluza de medicamentos: un experimento peligroso


  1. Antonio Veciana

    De acuerdo con tus reflexiones sobre la subasta andaluza de medicamentos y añadir además que también suponen inequidades en el sistema medidas como la propuesta de “tasa por medicamento” que pretende implantar unilateralmente la administración en Cataluña

  2. Pingback: Subhasta de Medicament a Andalusia: mesura d’estalvi o una limitació de l’accés dels medicaments? | mefloquina

  3. Pingback: Subasta de medicamentos en Andalucía, ¿a quien beneficia? | Mefloquina: blog de Farmacia y Salud 2.0

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